Aunque la interrupción voluntaria del embarazo ya es legal en 25 de las 32 entidades del país y el sistema público de salud cuenta con Servicios de Aborto Seguro, el acceso real y oportuno sigue siendo un camino con obstáculos para muchas mujeres y personas con posibilidad de gestar, según una investigación reciente del centro Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Qué encontró la investigación de Fundar
El informe Voces por el derecho a decidir, elaborado por Fundar, documenta que los avances legislativos de la última década no se han traducido en un acceso homogéneo ni oportuno al aborto seguro dentro de las instituciones públicas de salud. 1
La investigación recuperó las experiencias de 43 mujeres, principalmente de la Zona Metropolitana del Valle de México, para identificar las barreras que enfrentan al buscar servicios públicos de interrupción del embarazo y las condiciones que consideran necesarias para un proceso seguro y respetuoso. 3
Entre los hallazgos centrales está una brecha persistente entre el reconocimiento legal del derecho a decidir y las condiciones reales para ejercerlo: la centralización de servicios, la falta de información, el desfinanciamiento, la escasez de personal e insumos, y el estigma siguen determinando dónde y cómo se puede acceder a un aborto. 3
Cómo se distribuyen los servicios y el presupuesto
De acuerdo con los datos presentados por Fundar, los Servicios de Aborto Seguro se concentran de forma desigual entre instituciones: IMSS-Bienestar absorbe 42.5% de la atención, ISSSTE 32.8%, IMSS Ordinario 13.3%, las Secretarías Estatales de Salud 9.4% y Pemex apenas 2%. 1
En materia de financiamiento, el Ramo 12 —el presupuesto federal destinado a salud— asignó 272 millones de pesos entre 2020 y 2025 al fortalecimiento de los servicios de aborto seguro, con fluctuaciones notables: 14.54 millones de pesos en 2024 frente a 91.46 millones en 2025. 1
El informe advierte además que actualmente no es posible conocer con precisión cuánto destina cada institución —IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, ISSFAM y Pemex— específicamente a estos servicios, debido a la falta de mecanismos de identificación y seguimiento del gasto. 1
Lo que hay que saber
- Cobertura legal
25 entidades del país han despenalizado o reconocido el derecho a decidir sin criminalización, según datos actualizados hasta diciembre de 2025.
- Institución principal
IMSS-Bienestar concentra la mayor proporción de los Servicios de Aborto Seguro, con 42.5% de la atención.
- Presupuesto 2025
El Ramo 12 destinó 91.46 millones de pesos al fortalecimiento de estos servicios, frente a 14.54 millones en 2024.
- Rezago
Siete estados mantienen la criminalización del aborto pese a sentencias federales que la declaran inconstitucional.
Los siete estados rezagados
Hasta diciembre de 2025, 25 entidades mexicanas habían aprobado reformas o sentencias que impiden la criminalización del aborto, mientras que en Coahuila, Morelos y Durango la Suprema Corte instruyó acatar sentencias federales pendientes de implementación local. 2
En Durango, un tribunal federal —el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito— ordenó al Congreso estatal reformar el Código Penal en julio de 2025, advirtiendo que los diputados podrían ser sancionados hasta con 10 años sin poder ejercer cargos públicos si incumplen el mandato. 2
En Guanajuato, el Congreso local rechazó en junio de 2025 una iniciativa para despenalizar el aborto, con una votación empatada, mientras el Código Penal estatal sigue castigando el procedimiento con prisión de seis meses a seis años, salvo en casos de violación o riesgo de salud. 2
Por tercera vez el Congreso decidió darle la espalda a las mujeres, adolescentes y niñas
Red de Acompañantes de Aborto León
Cuando la ley no basta en la práctica
Incluso en estados donde el aborto ya es legal, hospitales públicos han negado o retrasado el servicio. Casos documentados en Tabasco, Tlaxcala y la Ciudad de México muestran que esto ocurre pese a los lineamientos federales vigentes y al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional penalizar el aborto. 4
Paula Rivera, gerente de Telefem, organización de acompañamiento y asesoría, señaló que ante estas negativas muchas mujeres terminan recurriendo al sector privado, lo que introduce una barrera económica adicional al derecho ya reconocido en la ley. 4
Una joven tabasqueña que enfrentó el rechazo del servicio público relató que tuvo que buscar información y ayuda por su cuenta durante tres semanas antes de encontrar una alternativa para interrumpir su embarazo. 4
Sentí que el sistema estaba diseñado para que desistiera de mi decisión de interrumpir el embarazo
Testimonio de una joven tabasqueña, recogido por La Jornada
El papel de la objeción de conciencia
La objeción de conciencia —el derecho del personal médico a negarse a practicar un procedimiento por motivos personales o religiosos— es reconocida como constitucional por la Suprema Corte desde 2021, pero con un límite explícito: no puede convertirse en obstáculo para que las mujeres accedan a servicios de aborto legal, por lo que cada hospital está obligado a contar con personal no objetor disponible. 5
En la práctica, la falta de personal dispuesto a realizar el procedimiento ha obligado a mujeres de algunos estados a viajar largas distancias para conseguir atención segura, lo que profundiza la desigualdad territorial en el acceso. 5
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