Entre 2018 y 2024, la población mexicana sin ninguna afiliación a un sistema público de salud pasó de 22.2 millones a 47.7 millones de personas, es decir, se duplicó, según un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) presentado en el marco del Día Mundial de la Salud. El documento, titulado Cobertura universal en salud: Avances en acceso, retos en afiliación y financiamiento, muestra que mientras el país registró mejoras moderadas en el catálogo de servicios y en personal médico, el financiamiento público sigue por debajo de los estándares internacionales y la afiliación —uno de los tres pilares de la cobertura universal— retrocedió de forma marcada.
Qué encontró el CIEP
El estudio del CIEP compara el estado del sistema de salud mexicano en dos puntos del tiempo —2018 y 2024— a partir de tres dimensiones que definen la cobertura universal: afiliación, acceso a servicios y financiamiento. La conclusión central es que hay avances insuficientes en dos de las tres dimensiones: acceso y financiamiento, mientras que la afiliación presenta un retroceso.1
En cuanto al acceso, el reporte documenta aumentos en los indicadores de catálogo de servicios, personal médico y personal de enfermería, aunque no en el número de camas disponibles.1 Según el análisis, el catálogo de atención del sistema público se amplió hasta cerca de 14 mil diagnósticos e intervenciones.4 Sin embargo, estos cambios no han sido suficientes para cerrar las brechas existentes.
El retroceso en afiliación
El hallazgo más preocupante del estudio es el aumento de personas sin ninguna cobertura pública. En 2024, 63.8 millones de personas reportaron alguna afiliación, principalmente a través del IMSS y el ISSSTE, pero la población sin afiliación casi se duplicó en seis años.1 El CIEP atribuye este fenómeno, en parte, a la fragmentación del sistema entre distintos subsistemas —seguridad social, servicios públicos para población sin seguridad social y servicios privados—, lo que genera diferencias profundas en el acceso.
La desigualdad territorial es marcada. Mientras en estados con mayor empleo formal como Nuevo León y Coahuila más del 75% de la población reporta alguna afiliación, en Chiapas cerca de dos terceras partes de los habitantes carecen de ella.3
Lo que hay que saber
- Afiliación
La población sin ninguna cobertura pública se duplicó de 22.2 millones en 2018 a 47.7 millones en 2024, según el CIEP.
- Financiamiento
El gasto público en salud pasó de 2.3% a 2.6% del PIB entre 2018 y 2024, lejos del 6% recomendado por la OMS.
- Personal de salud
México registra 2.3 médicos y 2.7 enfermeras por cada mil habitantes, frente a 3.7 y 9.2 en promedio en países de la OCDE.
- Gasto de bolsillo
El gasto privado, especialmente el de bolsillo, creció más que el gasto público, trasladando la carga económica a los hogares.
Financiamiento: gasto público insuficiente
El gasto público en salud en México pasó de 2.3% a 2.6% del PIB entre 2018 y 2024, un avance que el CIEP considera limitado frente a las brechas respecto a los indicadores internacionales mínimos, que persisten, además de que las tasas de atención pública siguen estando por debajo del 50%.1 El gasto de bolsillo —es decir, lo que las familias pagan directamente al momento de recibir atención— aumentó más que el gasto público, lo que traslada la carga económica de la atención médica a los hogares.3
El estudio señala un caso extremo: las personas derechohabientes del ISSSTE financian una parte considerable de su atención con recursos propios.3 Para 2026, el gasto anual por persona afiliada al IMSS es de 10 mil 074 pesos, mientras que para el IMSS-Bienestar es de 4 mil 412 pesos por persona, una diferencia que evidencia la desigualdad presupuestaria entre subsistemas.
Avanzar hacia la cobertura universal requiere fortalecer el sistema de salud, mejorar el acceso y reducir la carga financiera sobre los hogares.
CIEP, en su análisis 'Cobertura universal en salud: Avances en acceso, retos en afiliación y financiamiento'
El plan del gobierno: un registro único de salud
En paralelo a este diagnóstico, el Gobierno federal impulsa un cambio estructural. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que, a partir de enero de 2026, se pondría en marcha un registro universal en el Sistema Nacional de Salud: una plataforma que integra la información médica de pacientes del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar para que cualquier persona pueda recibir atención en cualquiera de estas instituciones sin depender de su afiliación.2 El proyecto está respaldado por una inversión pública superior a 90 mil millones de pesos, destinada a infraestructura hospitalaria, digitalización y fortalecimiento de la atención primaria.
De ese monto, 50 mil millones de pesos se destinarán a hospitales ya en construcción y 40 mil millones a nuevos proyectos, además de 2 mil 500 millones de pesos para reactivar 260 quirófanos que se encontraban fuera de servicio.2 El objetivo es que, a partir de 2027, una parte significativa de los servicios médicos pueda brindarse sin importar la afiliación institucional del paciente.
Como parte de esta reorganización, la Secretaría de Salud instaló el 10 de junio de 2026 el Grupo Estratégico para la Implementación del Servicio Universal de Salud, con el objetivo declarado de avanzar hacia el acceso efectivo a la atención médica a partir de 2027.6 El Comité Técnico del Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI), por su parte, aprobó el 13 de abril de 2026 un nuevo marco financiero que regula el acceso a apoyos para enfermedades de alto costo, infraestructura, equipamiento y abasto para personas sin seguridad social.
Lo que falta por resolver
Especialistas en salud pública advierten que la interoperabilidad entre instituciones —es decir, que los expedientes y servicios de IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar puedan compartirse y usarse indistintamente— es un paso indispensable para lograr un sistema verdaderamente universal, aunque la fragmentación institucional del país complica esa meta.7 Organizaciones como México Evalúa han planteado que, más allá de un registro o credencial, el reto de fondo es avanzar en la integración de los distintos subsistemas de salud (IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena, IMSS-Bienestar, estatales) para construir un sistema único y sin fragmentación laboral o institucional, y transitar hacia un modelo de financiamiento basado en impuestos generales en lugar de cuotas obrero-patronales.5
Para 2026, el programa IMSS-Bienestar —que atiende a personas sin seguridad social formal— opera bajo un modelo federal completo en 24 entidades, mientras que ocho estados (Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro) mantienen su propio sistema de salud estatal.8 El tema sigue siendo prioritario en la agenda oficial, pero el diagnóstico del CIEP deja claro que el reto no es solo construir infraestructura nueva, sino revertir una tendencia de desprotección que lleva años avanzando.
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