El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026 propone destinar 90.9 millones de pesos menos a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) y a otros siete programas de atención, una reducción del 2.5% respecto a 2025 y de 13.8% frente a 2024, de acuerdo con un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP)1. El recorte llega en un momento en que los indicadores de salud mental en México muestran una tendencia sostenida al alza: la Secretaría de Salud registró casi 154,000 casos de depresión en 2024, frente a 126,000 en 20192.
Qué dice el presupuesto 2026
El PPEF 2026, presentado por la Secretaría de Hacienda, prevé un incremento general del 5.9% en términos reales para el sector salud respecto a 20251. Sin embargo, ese aumento no compensa la fuerte reducción del año anterior ni alcanza el gasto que efectivamente se ejerció en 2024, que fue 4.7% superior al monto propuesto para 2026, según el CIEP.
Dentro de ese panorama, la salud mental es una de las áreas que retrocede: mientras hospitales, institutos nacionales y medicamentos reciben más recursos, el gasto destinado a Conasama y a los programas asociados caería 2.5%, hasta representar apenas el 1.5% del gasto total de la Secretaría de Salud más IMSS-Bienestar3. La recomendación internacional —citada por el propio CIEP— es destinar al menos el 5% del gasto en salud a esta área.
Un déficit que se arrastra desde hace años
El recorte de 2026 no es un hecho aislado: según el CIEP, el gasto público en salud se mantendría entre 2.6% y 3.4% del PIB, muy por debajo del 6% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asegurar la cobertura universal y una atención integral. Ese subfinanciamiento estructural limita, según el mismo análisis, la capacidad del sistema para garantizar atención oportuna en distintas áreas, incluida la salud mental.
El propio gobierno federal ha reconocido la magnitud del problema en el discurso público. En su conferencia matutina del 26 de septiembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló: "además de muchas otras cosas que tienen que ver con atención a las causas, estamos trabajando en cómo fortalecer la atención psicológica o de apoyo a la salud mental de las y los jóvenes de todos las edades"2.
Ahora, además de muchas otras cosas que tienen que ver con atención a las causas, estamos trabajando en cómo fortalecer la atención psicológica o de apoyo a la salud mental de las y los jóvenes de todos las edades
Claudia Sheinbaum, presidenta de México
Lo que muestran las cifras
Los datos oficiales y de organismos independientes dibujan una tendencia consistente al alza en los problemas de salud mental en el país. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) registró 9,051 suicidios en 2024 según cifras definitivas, una tasa de 7.0 por cada 100,000 habitantes; en 2015 esa tasa era de 5.3, es decir, una curva ascendente que lleva casi una década4.
En cuanto a tamizajes de síntomas —que no equivalen a diagnósticos clínicos—, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2022 encontró que un 16.7% de las personas adultas dio positivo, proporción que sube a 38.3% entre adultos mayores4. La capacidad instalada para atender esta demanda sigue siendo limitada: el sector público cuenta con 1,504 psiquiatras y 8,668 psicólogos, equivalentes a 1.1 y 6.9 por cada 100,000 habitantes, respectivamente.
Lo que hay que saber
- Recorte presupuestal
El PPEF 2026 reduce 90.9 millones de pesos (-2.5%) los recursos para Conasama y programas de salud mental respecto a 2025[^1].
- Meta internacional incumplida
México destinaría solo 1.5% del gasto en salud a salud mental, lejos del 5% recomendado internacionalmente[^3].
- Suicidios en aumento
El INEGI registró 9,051 suicidios en 2024, con una tasa que subió de 5.3 a 7.0 por cada 100,000 habitantes desde 2015[^5].
- Personal insuficiente
El sector público cuenta con apenas 1.1 psiquiatras y 6.9 psicólogos por cada 100,000 habitantes[^5].
Qué significa esto para pacientes y familias
Para quienes buscan atención psicológica o psiquiátrica en instituciones públicas, este panorama presupuestal se traduce en un reto conocido: listas de espera más largas, menor disponibilidad de especialistas por habitante y programas de prevención con recursos acotados. La brecha entre la necesidad —reflejada en el aumento de casos de depresión y en la tasa de suicidio— y la oferta de servicios especializados es uno de los puntos que distintos análisis, como el del CIEP, han documentado de forma reiterada en los últimos ciclos presupuestales1.
En paralelo, en el Congreso se han presentado iniciativas para reforzar el marco legal de atención a la salud mental infantil y adolescente, con el argumento de que, de no atenderse, el problema puede convertirse en lo que una iniciativa legislativa describe como "una crisis silenciosa" que afecta el desarrollo de las nuevas generaciones5. Estas propuestas legislativas, sin embargo, no resuelven por sí solas la brecha de financiamiento que señalan los análisis presupuestales.
Mientras se define el presupuesto definitivo para 2026, personas que necesiten apoyo psicológico o en crisis pueden acudir a los servicios de salud mental del IMSS, ISSSTE o la Secretaría de Salud, así como a la Línea de la Vida (800-911-2000), disponible las 24 horas para orientación en crisis emocionales.
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