Mientras el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026 reduce en 90.9 millones de pesos los recursos destinados a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), estados como la Ciudad de México y Michoacán avanzan en sentido contrario: promulgan o reforman leyes que reconocen el derecho a la salud mental de las personas cuidadoras. El contraste expone una tensión central del sistema de salud mexicano en 2026: el reconocimiento legal de los cuidados crece más rápido que el financiamiento público disponible para atenderlos.
Un recorte que se aleja del estándar internacional
De acuerdo con un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el PPEF 2026 reduce 90.9 millones de pesos (-2.5%) frente a 2025, y 13.8% menos que en 2024 en el rubro de salud mental. Esto ocurre a pesar de que el gasto total en salud del país aumentaría.
El propio CIEP advierte que el gasto en salud mental caería 2.5% y sería equivalente a 1.5% del total de la SSa más IMSS Bienestar, cuando la sugerencia internacional es de 5%2. Es decir, México se mantiene muy por debajo de lo que organismos internacionales consideran necesario para atender la carga de trastornos mentales en la población.
El problema no es solo presupuestal. Este comportamiento presupuestal prolonga un subfinanciamiento estructural que afecta la capacidad del sistema sanitario mexicano para garantizar atención universal y oportuna, y el gasto público en salud se mantendría muy por debajo del 6% del PIB recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS)3.
Lo que hay que saber
- Recorte 2026
Conasama y siete programas de atención perderían 90 millones de pesos respecto a 2025, según Hacienda.
- Meta internacional
México destinaría solo 1.5% del gasto en salud a salud mental, frente al 5% que recomiendan organismos internacionales.
- Suicidios en aumento
El INEGI registró 9,051 suicidios en 2024, con una tasa de 7.0 por cada 100 mil habitantes, frente a 5.3 en 2015.
Depresión y suicidio: cifras que no bajan
Los indicadores de salud mental muestran una tendencia sostenida al alza. Según registros de la Secretaría de Salud citados en reportes recientes, en 2019, un año antes de la emergencia sanitaria, se registraron 126,000 casos de depresión, cifra que subió a casi 132,000 en 2022 y más de 154,000 en 20241.
En paralelo, datos del INEGI muestran que se registraron 9,051 suicidios en 2024, una tasa de 7.0 por cada 100,000 habitantes, frente a una tasa de 5.3 en 20155, lo que confirma casi una década de incremento sostenido.
En cuanto a tamizajes —que no equivalen a diagnósticos clínicos, sino a detección de síntomas—, un 16.7% de los adultos dio positivo en el tamizaje de la ENSANUT 2022, y entre los adultos mayores la cifra llegó a 38.3%5. Es importante subrayar que estos números reflejan síntomas reportados, no un diagnóstico psiquiátrico formal.
La brecha de personal especializado
Uno de los cuellos de botella más citados por especialistas es la falta de personal. De acuerdo con datos recopilados sobre el sector público, el sector público cuenta con 1,504 psiquiatras y 8,668 psicólogos, es decir 1.1 y 6.9 por cada 100,000 habitantes5, una proporción que dista de las necesidades estimadas de atención frente al volumen de casos registrados cada año.
CDMX estrena la Ley del Sistema de Cuidados
En julio de 2026, la Ciudad de México dio un paso distinto: la jefa de Gobierno, Clara Brugada, promulgó la Ley del Sistema de Cuidados, aprobada por unanimidad en el Congreso capitalino el 21 de mayo de ese año7. Durante la ceremonia, Brugada explicó que la legislación busca garantizar "derechos plenos, para personas cuidadoras, mayoritariamente mujeres", mediante capacitación, profesionalización, derecho al descanso, a la salud física y mental, al tiempo libre y al bienestar emocional.
La norma, que entró en vigor tras su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial, establece el derecho a cuidar y ser cuidado, impulsa la desfeminización y desmercantilización de las tareas de cuidado, y obliga a construir infraestructura pública permanente6, responde a una realidad documentada: el trabajo de cuidados —de niños, personas mayores, enfermos o con discapacidad— recae de forma desproporcionada en mujeres, muchas veces sin remuneración ni respaldo institucional para su propia salud emocional.
Sin embargo, la propia jefa de Gobierno reconoció los límites de la ley recién promulgada: la norma nace con la urgencia de "hacerla valer, con recursos y reglas de operación", para que no termine en un cúmulo de buenas intenciones6. Es decir, el reto ahora es el mismo que enfrenta la salud mental a nivel federal: traducir el reconocimiento legal en presupuesto y servicios concretos.
Tengo bien a promulgar la Ley del Sistema de Cuidados, y con ello, abrir un nuevo horizonte de justicia y dignidad, y de emancipación para millones de mujeres
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México
Michoacán legisla contra la sobrecarga de cuidadores
El fenómeno no se limita a la capital. En junio de 2026, el Congreso de Michoacán aprobó una reforma para incorporar a su Ley de Salud y a su Ley de Salud Mental disposiciones específicas sobre las personas cuidadoras. La reforma promueve acciones de orientación, apoyo y prevención de la sobrecarga de las personas cuidadoras8, reconociendo un problema de salud pública que rara vez se nombra: el desgaste físico y emocional de quienes cuidan a otros sin apoyo institucional.
El dictamen michoacano, impulsado por la diputada María Itzé Camacho Zapiain, adiciona un tercer párrafo al artículo 30 de la Ley de Salud y reforma el artículo 16 de la Ley de Salud Mental del Estado de Michoacán de Ocampo8.
Qué significa esto para pacientes y cuidadores
Para las familias mexicanas, el panorama es mixto. Por un lado, hay un reconocimiento legal creciente de que cuidar —a un hijo, a un padre con demencia, a una persona con discapacidad— tiene un costo en la salud mental de quien cuida, y que ese costo merece protección legal e infraestructura pública. Por otro, el financiamiento federal para atender la salud mental, tanto de la población general como de quienes cuidan, no crece al mismo ritmo que las necesidades documentadas.
La recomendación institucional sigue siendo la misma: ante síntomas de ansiedad, depresión o agotamiento —propio o de un familiar al que se cuida—, buscar atención en los servicios de salud disponibles (IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud o los módulos de las nuevas leyes locales de cuidados) y no esperar a que la sobrecarga se vuelva crisis. Ninguna ley ni recorte presupuestal sustituye la valoración de un profesional de salud mental cuando los síntomas interfieren con la vida diaria.
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